Mucho movimiento se ha dado en las últimas horas después que el Gobierno de Guatemala decidió poner fin al mandato de la CICIG. Sin embargo, la ONU reiteró que el acuerdo entre Guatemala y ellos se puede anular únicamente si la ONU lo confirma.
A pesar de ello, el presidente Jimmy Morales dio un plazo de 24 horas (que vence hoy martes) para que se dé por finalizado el acuerdo. Hay que recordar que el incidente que se dio el fin de semana al prohibirle a Yilen Osorio ingresar al país fue el detonante de la situación actual.
Uno de los argumentos utilizados para finalizar el convenio entre CICIG y el Gobierno de Guatemala fue apoyado en La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados con el Artículo 60, el cual se refiere a «desvirtuación y persecución selectiva».
Ante tal situación, el canciller Patrick Leahy, el más experimentado del Congreso en Estados Unidos y vicepresidente de Apropiaciones del Senado, amenazó con retirar la ayuda si la situación no se resuelve y no se respeta el fallo de la Corte de Constitucionalidad. Como último recurso, dijo que podrían recurrir a aplicar la Ley de Magnisty, la cual tiene como objetivo accionar en contra de funcionarios que incurran en actos de corrupción.
Como una medida para avanzar con la expulsión de CICIG de Guatemala, ya fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo 2-2019, que confirma que CICIG ya no tiene presencia en nuestro país.